El pasado viernes echaron el cierre las más de 350 clínicas de Dentix. Ante el "inminente concurso de acreedores", el dueño de la compañía, Ángel Lorenzo Muriel, confirmaba el cierre de todas las clínicas, el expediente de regulación temporal de empleo "hasta nuevo aviso" para sus más de 3.000 empleados y por tanto el plante a los miles de pacientes con tratamientos pendientes y ya pagados a la compañía.

La situación recuerda a las recientes quiebras de iDental o Funnydent, aún en los juzgados y con muchos miles de afectados a la espera de soluciones. Esa es una de las razones por las que la propuesta del Ministerio de Consumo, que anunciaba ayer que lleva "desde hace semanas" dialogando con empresas del sector bucodental" para "testar la viabilidad de una posible operación de compra que asuma los tratamientos pendientes". Según el Ministerio que dirige Alberto Garzón, "esta opción es la más deseable en este momento para garantizar la más rápida continuidad de los tratamientos pendientes".

La propuesta se ha encontrado con el rechazo del Consejo General de Dentistas, que afirma que no pueden compartir que se "intervenga en el mercado promoviendo la compra de una mercantil por parte de un competidor" y aseguran que la labor "excede de las facultades o competencias del Ministerio de Consumo", afirma su presidente, Óscar Castro.

Desde el Ministerio de Consumo han declinado concretar a este periódico los detalles de la negociación o con qué empresas se está llevando a cabo y se limitan a recordar que su defensa de los consumidores "pasa por la búsqueda de soluciones para quienes tienen tratamientos bucodentales comprometidos y pendientes".

Una de las posibles interesadas es Advent, el fondo de inversión estadounidense que adquirió Vitaldent en septiembre de 2019 y que en agosto de este año mostró interés por la compañía de Ángel Lorenzo Muriel. La idea del fondo era expandir las clínicas de 300 a 600, algo que conseguiría con las clínicas de Dentix.

La Organización Actora Consumo, que representa a afectados por el cierre de clínicas dentales y es acusación particular en el juicio contra iDental también muestra su sorpresa por este anuncio de Consumo. "No entiendo la posición del Ministerio. ¿Con quién está dialogando? Porque los posibles compradores de dentix eran fondos buitre", se pregunta su presidenta, Lucía Germani.

Por parte de Facua, Rubén Sánchez sí afirma que la posibilidad de que "aparezca un comprador es la única forma para garantizar que se asuman los tratamientos de los usuarios que pagaron al contado y no con financieras". "Ahora si me preguntas si ese papel corresponde o no a ese ministerio, no tenemos una valoración al respecto", añade.

Desde Comisiones Obreras, la responsable de negociación colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, María Victoria Gómez, apunta a que la situación podría pasar por una compra pero que en cualquier caso no es desde el Ministerio: "Todo esto no se puede sustanciar fuera del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que es donde estamos personados".

A los problemas de Dentix se han sumado también esta semana los de Vivanta, otra cadena dental y de medicina estética que ha anunciado esta semana su intención de realizar un despido colectivo. "Aún no sabemos qué porcentaje de empleados plantean despedir, lo veremos a finales de este mes cuando comience la mesa negociadora", afirma Gómez. La compañía cuenta con 275 centros y 2.500 empleados, según su página web.

Problemas comunes en las clínicas marquistas

Para el presidente del Consejo General de Dentistas, el Ministerio de Consumo debería legislar sobre cuestiones que llevan "mucho tiempo denunciando y solicitando" y que van al origen del problema. Un estudio de la entidad con datos de quejas de consumidoressobre determinó ya en 2015 que las cadenas dentales representaban el 4% de las consultas en España pero acumulaban el 48,6% del total de las quejas registradas en los colegios profesionales.

"Su labor debe ser la de legislar para que esto no se vuelva a repetir", afirma Castro, y recuerda que son dos las principales demandas. "Regular la publicidad sanitaria con una ley estatal que impida la difusión de mensajes engañosos o reclamos que puedan confundir a los ciudadanos y crearles falsas expectativas sobre los diferentes tratamientos" y "la modificación de la ley de Sociedades Profesionales, ya que existen resquicios legales que han permitido el acceso al Registro Mercantil de auténticas sociedades profesionales como si fueran sociedades de intermediación, quedando fuera del ámbito de aplicación de la propia Ley de Sociedades Profesionales y por ende, fuera del control deontológico por parte de la Organización Colegial".