La segunda ola fue el estreno en España de la gestión de cogobierno y las Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 el documento de referencia, aprobado por las Comunidades Autónomas y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un documento que marcaba una situación epidemiológica de riesgo muy alta para una incidencia acumulada de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Adicionalmente se creó un “umbral de incidencia superior a 250 por 100.000, para señalar situaciones de riesgo extremo en las que se precisen acciones adicionales si las implementadas con incidencias de más de 150 no lograran controlar la transmisión”.

España alcanzó un incidencia de 255 el 29 de diciembre, de media nacional, seis comunidades estaban muy por encima. Desde entonces las medidas empleadas por las comunidades autónomas han ido limitando la movilidad y reduciendo los grupos sociales de los ciudadanos al máximo. Más incluso de lo que el documento propone. Hoy la incidencia está en 899 y todas las comunidades están en riesgo extremo (por encima de 250), menos Canarias que está en riesgo muy alto con 188 de incidencia. 

Tasa de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en España

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“El semáforo sirve, pero si se hubieran aplicado las medidas que aconseja en los niveles altos de contagio. Pero las medidas que propugna este documento son meras recomendaciones no obligaciones”, asegura Fernando José García López, epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Madrileña de Salud Pública. 

“Por ejemplo, una medida que habla de fomentar el teletrabajo, pero no se pone como una obligación. Y todo depende del talante del gobernante, lo que genera diferencias entre comunidades de mismo signo político”, añade. Según este epidemiólogo, de acuerdo con el semáforo “a un nivel muy alto ya había que cerrar los interiores de los bares, como se ha hecho en otros países, algo que algunas comunidades siguen y otras no”. 

El documento para políticos y expertos requiere actualización, lo que se presenta como el primer escollo para Carolina Darias que hoy acude por primera vez al Comité Interterritorial como ministra de Sanidad.

Para Nicola Lorusso, epidemiólogo y especialista en Salud Pública y asesor técnico de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, el documento aprobado en octubre ha agotado su modelo y necesita un nuevo impulso. “ Estamos con una incidencia muy alta, extrema, con tasas de ocupación de camas de agudos y UCI que están sobrepasando todos lo históricos que habíamos tenido hasta ahora, por lo que, de alguna forma, se debería intentar tener una opción coordinada también para hacer frente a esta nueva situación, en la que los indicadores se encuentran en una fase de crecimiento muy alto”.

Andalucía forma junto a Asturias, Castilla y León y Murcia el grupo de comunidades autónomas que han pedido poder contar con la posibilidad de confinar a su población para cortar la cadena de contagios. Para que las comunidades pudieran realizar confinamientos como el de marzo o más suaves, sería necesario que se modificara el actual estado de alarma.

Madrid también pide más “herramientas”

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, en una comparecencia celebrada ayer también pedía al Consejo Interterritorial de Sanidad del jueves “herramientas” para que las comunidades sigan gestionando “de forma directa la pandemia”, pero no en caso de que la situación empeore. “Si la situación empeorara”, remarcó, es el Gobierno de España el que tendría que “tomar cartas en el asunto y decidir qué hacer en todas las comunidades autónomas y en el país”.