La pandemia ha causado la muerte de al menos 17.000 profesionales sanitarios en todo el mundo, según las cifras dadas por Amnistía Internacional. Esta ONG, junto a Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union, otras dos entidades que agrupan a trabajadores de todo el mundo, han puesto esta cifra sobre la mesa mientras denuncian las desigualdades de acceso a la vacuna, especialmente para los millones de trabajadores sanitarios que ejercen en primera línea contra el virus en todo el mundo.

Las organizaciones denuncian la discriminación que sufren los profesionales sanitarios de los países con menos recursos. En estos primeros tres meses de vacunación, 10 países más ricos donde vive menos del 10% de la población mundial han recibido más de la mitad de las vacunas mientras las vacunas siguen sin llegar a más de un centenar de países.

Ante esta situación, las entidades piden a los gobiernos que incluyan a los profesionales sanitarios en sus planes de distribución, tanto los que trabajan en primera línea como otros - que aseguran han sido ignorados - como trabajadores de servicios sociales, de limpieza o de salud comunitaria.

Según ha asegurado el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, en un comunicado, "cada 30 minutos muere de Covid un trabajador o trabajadora de la salud. Es una tragedia y una injusticia. El personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la COVID-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello".

“Los gobiernos deben garantizar la protección de todo el personal sanitario, en todo el mundo, frente a la COVID-19. Han arriesgado sus vidas durante toda la pandemia, y ha llegado la hora de darles prioridad en la administración de estas vacunas que salvan vidas. Es necesario adoptar medidas urgentes para acabar con las enormes desigualdades en el acceso a las vacunas a nivel mundial, de manera que un trabajador o trabajadora de la salud en Perú esté tan protegido como un médico o médica en el Reino Unido”, añade.

Las ONG creen que los datos de fallecimientos son menores de la realidad ya que han contabilizado los datos publicados por más de 70 países, tanto por parte de los gobiernos como sindicatos, ONG o medios de comunicación pero creen que en algunos casos la información puede no ser completa.

Según sus datos, aunque los planes de vacunación de los países suelen dar prioridad al sistema sanitario, la desigualdad en el acceso a vacunas deriva en una discriminación de estos profesionales. Además, las ONG ponen el foco en otros profesionales, como de residencias de mayores, que no en todos los países se han considerado prioritarios para la vacunación. Como ejemplo, en Perú parte del personal de limpieza de los centros sanitarios no ha recibido la vacuna, o en algunos lugares de Brasil se ha vacunado primero a los trabajadores administrativos y directivos de hospitales más que los de primera línea.

Las ONG inciden también en la petición ya realizada por otras organizaciones para la exención de patentes que permita abaratar las vacunas.

Un informe de Amnistía Internacional de julio de 2020 reveló que prácticamente la totalidad de los 63 países analizados carecían de EPI suficientes. Algo que sucedió en los países desarrollados en general - España lo sufrió durante los primeros meses de pandemia - pero que ha sido peor en los países más desfavorecidos.

“Estas muertes son terribles, catastróficas, y reflejan tan solo una parte del verdadero coste de la pandemia para el personal de cuidados de todo el mundo. El virus no distingue entre un cirujano o cirujana y un enfermero o enfermera de una residencia de mayores o un asistente de atención domiciliaria, y tampoco debe hacerlo nuestra estrategia sobre vacunación, distribución de equipos de protección y protocolos de seguridad para el personal de cuidados expuesto a la COVID-19”, señala en el comunicado Christy Hoffman, Secretaria General de UNI Global Union.