El Ministerio de Sanidad está hablando con los consejeros del ramo y tiene un nuevo documento sobre las restricciones al ocio nocturno y la hostelería, después de que la Audiencia Nacional haya paralizado en la Comunidad de Madrid el que entró en vigor el pasado sábado.

Fuentes de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana han confirmado que la ministra Carolina Darias ha llamado a la consellera, Ana Barcelo, y la ha remitido un nuevo documento para el miércoles, cuando se reúna de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud, órgano en el que se aprobaron sin la unanimidad de las comunidades autónomas las medidas que la justicia ha paralizado este lunes en Madrid.

Otras fuentes autonómicas han asegurado también a Efe que Sanidad está contactando con los gobiernos autonómicos, después de conocerse la resolución judicial. Por su parte, fuentes del Ministerio ha insistido que todo el departamento busca "puntos de encuentro" y que la ministra habla a diario con los titulares de las consejerías autonómicas.

"El Ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes", ha resaltado en su habitual rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles y publicadas el sábado en el BOE.

En la redacción final de esa orden, la Secretaría de Estado de Sanidad introdujo un apartado en el que se especifica que las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía que se rijan por medidas más restrictivas que las acordadas, serán quienes decidan sobre la conveniencia de flexibilizarlas.

Madrid presentó un recurso contencioso administrativo contra esas medidas pidiendo su paralización como medida cautelarísima (sin ni siquiera escuchar a la otra parte) para impedir "un daño inmediato, irreparable e insubsanable".

La Audiencia accede a esa petición ante "el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes".

Una vez adoptada esa decisión, la Sala da plazo al Gobierno central para que presente alegaciones. Entonces decidirá si mantiene la suspensión o reactiva las medidas.

También Galicia ha avanzado este lunes que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias" en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería.

No obstante, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confiado en que en el Consejo interterritorial se pueda “retomar el entendimiento”.

Simón ha explicado que todo el Ministerio, desde la parte más técnica, ha tratado de "mantener una posición negociadora a la hora de implementar y proponer todas las medidas".

Y "prácticamente todo lo que se propone" se trabaja antes en las ponencias y se eleva a la Comisión de Salud Pública "o se discute con múltiples actores".

En este caso, Sanidad propuso en el Interterritorial una declaración de actuaciones coordinadas que permite la reapertura del ocio nocturno hasta las 2, ampliable hasta las 3, en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo.

También establece un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 1 ni servir más tarde de las 24 horas, y restricciones de aforo, así como otras medidas para eventos multitudinarios y prohibiciones de fumar y vapear en la calle cuando no se puedan guardar los 2 metros de distancia, entre otras.

La declaración salió adelante con el voto en contra de Madrid, Cataluña, Murcia, Galicia y Andalucía. Euskadi ni siquiera participó en el debate y Castilla y León se abstuvo.

"Si no se pueden aplicar las medidas por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles", ha dicho el epidemiólogo, recordando que en el pasado ya se dieron situaciones similares en la que "la posición judicial no coincide con las propuestas que salen de Salud publica o Sanidad".

En su opinión, si se logra finalmente el consenso con esas alternativas que garanticen la seguridad suficiente, "los riesgos no serán demasiados".