Calle Hermanos Gárate en Madrid, cualquier sábado a las 9 de la mañana. La “Ambulancia Vida” aparca frente a la Clínica Dator, la primera autorizada en España para practicar interrupciones voluntarias de embarazo. Un grupo de voluntarios antiabortistas se apostan ya a las puertas del centro.

Una de esas voluntarias es Sonsoles Alonso, ginecóloga y activista contra el aborto. Ha acudido con su bebé de un mes de vida. “Llevo 10 años compaginando mi trabajo con el asesoramiento a mujeres”, explica desde el interior de la ambulancia donde practica ecografías a las mujeres que otros voluntarios autodenominados “rescatadores” interceptan cuando se acercan a la clínica.  “Les intento ofrecer la información que quieren o necesitan. Presentarles a su hijo con el ecógrafo es lo que les da la fuerza suficiente para no abortar”, asegura.

Entre los “rescatadores” se encuentra Berni, un joven estudiante de farmacia de 19 años que defiende estar ahí un sábado bien temprano "porque hace falta": "Somos los que damos la cara, me parece que es algo muy fuerte lo que pasa aquí y hay que venir, somos los únicos". Reconoce que estar ahí hace "complicado" buscar novia y que en la universidad no siempre encuentra aceptación: "Intento convencerles de que tener un hijo es un regalo, para mí es el ejemplo de amor más espectacular que hay".

El debate sobre el aborto ha resurgido en las últimas semanas tras un programa de Salvados en el que distintas mujeres mostraron las dificultades para acceder a un aborto en el sistema sanitario público. Hasta 12 provincias no han reportado ni un solo aborto en los últimos 5 años. Por otro lado, la presencia de los movimientos antiabortistas podría desaparecer si se completa la reforma del código penal planteada por el PSOE el pasado 12 de mayo para “penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”. Las organizaciones están recogiendo firmas contra la propuesta de ley.

Porque lo que fuera de la clínica Dator entienden como información, desde dentro lo califican de acoso. Desde allí habla Sonia Lamas Millán, psicóloga y portavoz del centro donde cada sábado suelen llamar a la policía. "Cada vez que una mujer entra y nos dice que se ha sentido acosada, que la han insultado, que se han acercado más de lo que ella necesita, que le han dado un panfleto… Llamamos a la policía. Aunque sabemos que tiene poco recorrido si la mujer no denuncia. Pero entendemos que en ese proceso de hostigamiento tenemos que acompañarla porque lo vemos como violencia a la mujer".

Los antiabortistas acusan a las clínicas de no dar toda la información y de ofrecer "el aborto como primera opción cuando debía ser la última", afirma Poveda. El director de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, es otra de las personas que suelen acudir a la clínica y cuya organización presta asesoramiento y ayudas a las mujeres que deciden continuar con sus embarazos. El director de esta ONG acusa a las clínicas de "decirles que no abran el sobre". El sobre del que habla Giménez es el consentimiento informado cuya recepción la mujer está obligada a firmar antes de practicar un aborto. Están regulados y su recepción queda registrada por normativa. "Hay dos modelos, uno para la IVE que se realiza antes de la semana 14, en la que la mujer no tiene que dar ningún tipo de explicación, y otro si va más allá por alguno de los supuestos", explica Lamas Millán, que asegura que "se da la información a todas las mujeres, la que viene en el sobre y la que no y que sea objeto de duda para la mujer".

Sonsoles Alonso, ginecóloga colaboradora de la Ambulancia Vida, practica una ecografía en el interior del vehículo.

La portavoz de la clínica que abrió sus puertas en 1986, solo unos meses después de la despenalización del aborto, afirma que desde entonces este tipo de movimientos antiabortistas "no ha cesado, ha aumentado y se ha diversificado en sus maneras". Cree que los niveles de acoso a las mujeres están en niveles similares a los previos a la Ley del Aborto de 2010 (la primera ley de plazos) y que el problema ahora es que este tipo de movimientos están no sólo a las puertas de las clínicas sino en redes sociales. "No son acciones aisladas, son entramados y muy organizados nacional e internacionalmente. y son muy peligrosos".

Tras la Ambulancia Vida estaba inicialmente Derecho a Vivir, grupo vinculado a Hazte Oír, organización ultraconservadora y católica. Sin embargo, desde hace unos años el vehículo se desvincula de la organización y el responsable pasa a ser Luis Losada, colaborador de la organización y a otra entidad similar, CitizenGo, ligada a Vox. El movimiento antiabortista en España lo componen estas y otras organizaciones como 40 días por la vida, Fundación Madrina, Red Madre o Cañas por España.

Durante la mañana en Hermanos Gárate no hablan de organizaciones sino de personas voluntarias, igual que Luis Losada, quién asumió el proyecto de esta ambulancia cuando se desvinculó de Derecho a Vivir. "La ambulancia surge de voluntarios que llevaban tiempo ofreciendo la información pero sabían que la ecografía es un instrumento muy potente para que las mujeres vean la realidad". Asegura que el vehículo ha podido salvar "mil vidas, de mil bebés y mil madres, porque de las que entran aquí, ninguna se arrepiente. Todas te dicen que menos mal que las rescatamos de esta espiral de muerte", afirma Losada.

Mientras Losada habla de mil vidas salvadas, la campaña #Abortosinacoso asegura que 8.000 mujeres se han sentido hostigadas a las puertas de las clínicas. 65 organizaciones y clínicas autorizadas para la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) para instar a los políticos a tipificar de delito las conductas que obstaculicen a estas mujeres. "Queremos una normativa similar a la francesa donde se tipifica como delito este acoso, dar información falsa sobre la IVE, acosar en redes sociales… también usar el mobiliario urbano, lo que hacen a las puertas de las clínicas, como pintadas en el suelo, pegatinas con fotos de feto, performances, féretros, cruces, etc", afirma Lamas Millán.

Asociaciones provida se concentran frente a la Clínica Dator

En un estudio que la organización lanzó en 2018 recogía testimonios de mujeres que denunciaban la acción de estos grupos en el entorno de las clínicas. "Me hacen sentir vulnerable, ya que pierdo totalmente mi privacidad al verme expuesta de ese modo. Además, uno de ellos llevaba el móvil en la mano", "me han parado y entregado papeles con fotos desagradables. Muy incómodo" o "me han puesto muy nerviosa y no me dejaban en paz por mucho que yo se lo pedía". Según su estudio, dos de cada tres mujeres abordadas por estos "rescatadores" se sintieron amenazadas.

La presencia de movimientos antiabortistas ha sido constante a los largo de cerca de cuatro décadas y el debate a nivel político está muy polarizado. La socióloga Irene Bernal explica que asuntos como el aborto, al igual que la eutanasia, se consideran "problemas intratables o retorcidos. Son cuestiones en las que resulta más complicado encontrar soluciones consensuadas porque generan argumentos que fragmentan y polarizan. No hay medias tintas y esa polarización distancia enormemente el debate".

Para la socióloga, esos problemas "requieren una visión del legislador que sea muy garantista con el sujeto del derecho. Que tenga muy bien tasados todos los procedimientos para evitar que si el proceso se deriva a las autonomías, haya problemas. Tiene que estar todo muy regulado", añade.

Tras el programa de Salvados, la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó en Twitter que se comprometía a que el derecho al aborto se ejerza de forma "segura, pública y gratuita" en todas las comunidades autónomas. El programa se fijaba especialmente en lugares como Murcia, donde ningún centro público notificó haber realizado IVE en 2019 y las mujeres denunciaban que tenían que trasladarse a otra comunidad autónoma. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad corresponden a 2019 y reflejan que en cinco CCAA no se practican IVE pese a que es un derecho establecido como una prestación sanitaria desde 2010.

En España se practican cada año cerca de 100.000 abortos aunque en 2020 las cifras oficiales pueden verse reducidas. Aunque el Ministerio de Sanidad no publicará estos datos hasta finales de 2020, alguna comunidad lo hace anticipadamente y Asturias lo hizo el pasado 23 de mayo a través del Observatorio de Salud del Principado. En esta comunidad, las IVE cayeron un 11,7% respecto a 2019 y la bajada fue más notable en los grupos de 15 a 19 años, lo que se achaca al confinamiento de los primeros meses del año.