Desde el próximo viernes, cualquier persona mayor de edad podrá solicitar la eutanasia de forma legal en España. Este nuevo derecho fundamental permite poner fin a la propia vida si se cumplen los supuestos establecidos de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o enfermedad incurable causante de sufrimiento físico o psíquico intolerables. 

España se convierte así en el cuarto país europeo en respaldar la eutanasia tras Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En el resto del mundo sólo Colombia y algunos territorios de Estados Unidos y Canadá la han regulado. Otros países como Nueva Zelanda, Chile, Portugal, Francia, Argentina o Irlanda están debatiendo iniciativas en este sentido.

Pese a estar entre los primeros países del mundo en aprobarla, el camino español hacia la legalización de la eutanasia ha sido largo y farragoso. El Congreso de los Diputados la debatió ya en 1994 con amplio rechazo y el suicidio asistido quedó tipificado en el Código Penal un año después con prisión de entre cuatro y ocho años para quienes cooperaran con él. En más de otra decena de ocasiones la eutanasia entró y salió del Congreso hasta la definitiva aprobación de la ley el pasado 25 de marzo. 

Llegaba entonces la victoria para muchos, familiares de enfermos que lucharon por ella, asociaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD), o el ala política que la había defendido, desde Esquerra Republicana de Catalunya a Izquierda Unida, Unidas Podemos y el PSOE. Con la misma intensidad acapara esta ley detractores, entre los que se encuentran desde el ámbito político el PP o Vox, pero también la Iglesia Católica, asociaciones provida o asociaciones de médicos. "Este un momento muy importante para nosotros, ya no será necesario dar ayuda a morir en la clandestinidad, estamos muy contentos. Pero sabemos que los inicios siempre son difíciles y estamos a la expectativa para velar por que se aplique puesto que ya hay rumores de que desde algunas comunidades autónomas pueden llegar obstáculos", afirma Fernando Marín, vicepresidente de DMD. El médico se refiere a comunidades como Murcia donde uno de los partidos de Gobierno es Vox, que hace solo unos días recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional de esta ley y promete derogarla si llega a gobernar.

La puesta en marcha

La ley, publicada en el BOE el 25 de marzo, convertía la eutanasia en una prestación sanitaria gratuita incluida en el Sistema Nacional de Salud aunque dejaba parte del desarrollo de la norma en manos de las comunidades autónomas, que tenían tres meses para organizarla hasta su entrada en vigor. Para algunas, como Extremadura, Galicia o Murcia, el período ha sido demasiado corto aunque todas confirman a El Independiente que trabajan para que la prestación esté activa el próximo viernes. "El Gobierno de España ha dado un plazo demasiado breve para poder prepararnos. El procedimiento, con muchísimos pasos, y que marca un gran número de plazos, ha generado constantemente dudas tanto jurídicas como técnicas que no han sido realmente bien solventadas por el Ministerio de Sanidad", afirman desde la Consejería de Sanidad gallega.

Bajo el marco de la ley queda el procedimiento - que exige dos solicitudes y la intervención de dos médicos así como la verificación de un comité -, el perfil de quienes pueden acogerse, su financiación pública o su fijación en la historia clínica como muerte natural.

Cada una de las CCAA tenía que establecer una Comisión de Garantías y Evaluación, encargada de recibir las solicitudes y verificarlas, gestionar reclamaciones y controlar el proceso. Además, debían crear un registro de objetores de conciencia para que los profesionales puedan ejercer su derecho a no practicarlas. También debían establecer protocolos de actuación, algo que como destaca la gerente del Servicio Sanitario de Castilla La Mancha, Regina Leal, ha llevado un trabajo ingente: "Hemos tenido que desarrollar hasta 20 documentos de protocolos distintos en los que se regula desde la figura del médico responsable o consultor, cómo se realizará la prestación o el tipo de administración. Nosotros hemos añadido además otra figura, la del profesional referente, para que vele por todo el proceso".

La mayoría de las comunidades autónomas - excepto Aragón, Baleares, Murcia y País Vasco - están aún pendientes de aprobar sus Comisiones y en menor medida aún se han aprobado los registros de objetores de conciencia que exige la ley. Desde las comunidades autónomas confirman a El Independiente estar ultimando ambos trámites así como que la ausencia de un registro no impedirá que los profesionales que lo decidan puedan objetar.

También está pendiente por parte del Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial de Salud la elaboración de un "manual de buenas prácticas", que ayude a definir y consensuar la aplicación de la prestación en todas las comunidades autónomas.

Aparte de los dos órganos requeridos en la ley, algunas comunidades están desarrollando protocolos adicionales para facilitar la puesta en marcha de la prestación. Es el caso de Baleares, por ejemplo, donde se ha desarrollado un protocolo propio en este sentido: "Es un borrador pero porque está abierto a ir cambiando, estamos ante un derecho nuevo que sabemos va a ir evolucionando en su aplicación. En él detallamos mucho todo el proceso, damos recomendaciones para abordar el proceso deliberativo con el paciente u otras cuestiones relativas a la aplicación que van más allá del contenido de la ley", explica Rosa Duró, subdirectora de Humanización, Atención al Usuario y Formación y coordinadora de la implantación de la prestación en Baleares.

En esta región se ha creado también una figura adicional a las previstas por ley de "profesionales referentes" que "empezarán a recibir formación la semana que viene para poder asesorar a los profesionales en los primeros momentos y también ejercer de médico responsable o consultor cuando se den casos de objeción", explica Duró. Baleares también está ultimando programas de formación generales para otorgar a los profesionales conocimientos sobre el contexto de la eutanasia, los requisitos o aspectos sobre cómo valorar el sufrimiento.

Visiones distintas sobre la ley

Desde DMD consideran que la ley tiene "un exceso de burocracia y de garantismo" porque requiere el informe positivo de dos médicos así como de la Comisión de Garantías y Evaluación, que en otros países solo interviene posteriormente".

Esta ley incluye así una exigencia adicional a la de otras leyes del entorno, como la de Países Bajos o Bélgica, donde también se deja más cabida a trastornos de tipo mental, que en la ley española quedarán más sujetos a la interpretación de los profesionales. "Sus normativas son más sencillas y se refieren a petición reiterada por sufrimiento intolerable. El texto español habla de pérdida de autonomía para las actividades diarias", asegura Marín.

Para el activista, en España quedarían cubiertas aproximadamente el 95% de las solicitudes que se presentan en Holanda o Países Bajos. Fuera estarían trastornos mentales y niños, ya que la ley española no incluye a menores de edad.

Para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) la ley es sin embargo "confusa, superficial y precipitada". Así habla su vicepresidenta Helena García Llana: "Nos parece que se ha construido la casa ya no por el tejado sino por la antena parabólica. Nos parece confusa porque no se ve cuál es el papel de los comités de ética asistencial, en qué términos van a recibir formación los profesionales o cómo se va a evaluar el sufrimiento grave".

Aunque García afirma que plantear la disyuntiva entre eutanasia y cuidados paliativos "es inmoral", lo cierto es que formaciones políticas como Ciudadanos plantean que "con una ley de cuidados paliativos se puede responder al 99% de las peticiones de eutanasia", como afirmó a El Independiente el entonces portavoz naranja de Sanidad en el Congreso, Francisco Igea.

En cualquier caso, los cuidados paliativos son una asignatura pendiente en España, sin una ley nacional que los aborde y con siete CCAA con normativa propia. En este sentido, la vicepresidenta de SECPAL incide en la necesidad de "promover cuidados paliativos universales y accesibles a todos, cuya función es acompañar, no solo a las puertas de la muerte, en el sufrimiento evitable o no evitable".

En una posición similar se ha manifestado la Organización Médica Colegial, cuyo ex presidente Serafín Romero pedía recientemente una atención integral al final de la vida: "Independientemente de que se regule, no podemos mirar a otro lado con las personas que no reciben la atención necesaria. Pedimos una ley integral de atención al final de la vida porque entendemos que no tiene que haber una ley solo desde el ámbito sanitario, sino desde lo social".

¿Quién pedirá la eutanasia?

Como todo nuevo derecho, su aplicación resulta una incógnita. Se conoce su evolución en otros países, lo que no implica que en España vaya a funcionar igual. Según los datos que maneja DMD sobre la experiencia en Países Bajos, el 60% de los solicitantes padecen un cáncer avanzado o terminal con un pronóstico de vida de unos meses. Otro 20% insuficiencia avanzada de un órgano - respiratoria, cardíaca, renal o hepática o una combinación - con mal pronóstico. Esos casos se englobarían en el supuesto de "enfermedad grave e incurable".

El restante 20% respondería a un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" con "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, con limitaciones en la autonomía física, y actividades de la vida diaria (no permite valerse por sí mismo)". Aquí la mitad serían enfermedades neurodegenerativas como ELA, parkinson o esclerosis múltiple y las otras 10 personas mayores de 80 años con pluripatologías. Las demencias suponen un 1-3% y el trastorno mental otro 1%. "Es importante aquí ver cómo los casos como Ramón Sampedro, tan icónico en España, son realmente excepcionales en estos países", afirma Marín.

El médico cree que en España puede jugar un papel importante el testamento vital, ya que en casos por ejemplo de demencias será indispensable - si se ha perdido parte de las facultades mentales - presentarlo. "De momento es anecdótico en España pero esperamos que vaya aumentando", indica Marín. La CCAA que más tiene registrados es Navarra con 1,59% de la población, en Extremadura es del 0,02% según los últimos datos de Sanidad en enero de 2021.

También es una incógnita cuántas solicitudes de eutanasia se presentarán en los próximos meses. Marín cree que al inicio habrá pocas y aunque su asociación no cuenta datos oficiales (es una práctica clandestina y su asociación ha sido objeto de análisis policiales), reconoce que "reparten unas 300 guías de muerte voluntaria al año".

En Países Bajos, la cifra total de eutanasias sobre fallecimientos en 2019 fue del 4,2% mientras que en Bélgica o Canadá rondó el 2% del total de muertes ese año.

Un camino que marcaron Sampedro, Montes o Carrasco

"El mismo día que murió Luis, habíamos tenido esa mañana una reunión con diputadas de Unidas Podemos que habían presentado una propuesta. Y él dijo 'en un par de legislaturas tenemos ley'", recuerda Marín. "Él puso mucho en esto, sin duda es un momento para acordarnos de él", afirma sobre el médico absuelto tras ser acusado de dar sedaciones mortales a enfermos en fase terminal en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y que después sería presidente de DMD.

También Ramón Sampedro con su lucha desde la cama en Galicia, tras décadas parapléjico. O Ángel Hernández y María José Carrasco. Este matrimonio grabó el momento en el que él le facilitaba un fármaco mortal por petición de ella tras 30 años enferma de esclerosis múltiple. Él fue el primer detenido en España por esta causa, en 2019, y sigue pendiente de juicio aunque la Fiscalía pidió seis meses de cárcel para él. Con la ley de eutanasia que entra en vigor este viernes, esto no volverá a suceder.