El pasado 25 de junio entró en vigor la eutanasia. Los españoles adquiríamos un nuevo derecho, una prestación universal y gratuita para poder acabar con la vida propia de forma voluntaria si se sufre un padecimiento grave, crónico, imposibilitante o enfermedad incurable causante de sufrimiento físico o psíquico intolerables.

A pesar de que la prestación está activa desde finales de junio - la Ley Orgánica se había aprobado tres meses antes - el camino está siendo muy difícil, especialmente en algunas comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y Extremadura aún no han aprobado el decreto que regula la Comisión de Garantías y Evaluación que establece la ley como obligatoria para dar naturaleza jurídica a la prestación y que pueda realizarse. "Está ocurriendo lo de siempre, que en España la Sanidad funciona a 17 velocidades y mientras que en algunas como Euskadi, Cataluña o Valencia todo está funcionando bien, en otras como Madrid o Andalucía nos encontramos muchos obstáculos", afirma Eva Camps, portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Desde la Consejería de Sanidad de Andalucía, donde reside Camps, sólo confirman a El Independiente que la normativa está "en tramitación". Tampoco está fluyendo la información hacia la oposición. El portavoz socialista de Salud, Javier Carnero, afirma que "la información que nos llega es que no se están admitiendo solicitudes y aunque hemos realizado preguntas parlamentarias al respecto no nos han contestado". El socialista asegura que el decreto lleva en los servicios jurídicos más de un mes sin que se avance en su publicación, pese al retraso acumulado.

En Madrid, el decreto tampoco ha sido publicado. Desde la Consejería aseguran que la prestación "está operativa" y que hay "una solicitud en tramitación pendiente de valoración". Por parte del principal partido de la oposición en la Comunidad, Más Madrid, Javier Padilla asegura que este retraso "es una falta de voluntad política y una muestra de que esta prestación no se ha puesto como prioridad en la agenda política debido a los socios de Gobierno, ya que VOX obviamente lo va a entorpecer".

Padilla afirma que su partido va a seguir la situación: "Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley y si viéramos que no es así estudiaríamos otras acciones a través del Defensor del Pueblo o la Fiscalía, de ser necesario".

Extremadura es la tercera comunidad autónoma donde el decreto está pendiente de aprobación aunque la Consejería de Sanidad afirma que está solo pendiente de su publicación en el BOE. También confirman que hasta este miércoles la región no ha recibido ninguna solicitud.

La falta de solicitudes en estas regiones puede denotar la falta de desarrollo de la ley aunque desde el Ministerio de Sanidad aseguran que desde la entrada en vigor de la ley "las comisiones están constituidas de facto y pueden empezar a tramitar solicitudes. No obstante, el Ministerio de Sanidad realiza reuniones y mantiene un contacto constante con todas las Comunidades, para hacer un seguimiento de la puesta en marcha de la LORE". También confirman que hasta que el decreto no se publique no se puede producir ninguna eutanasia.

Algunas comunidades autónomas además de Madrid y Extremadura han confirmado a El Independiente el número de solicitudes presentadas. En la Comunidad Valenciana se han solicitado y realizado dos eutanasias; en Castilla La-Mancha se han presentado dos solicitudes y no se ha efectuado ninguna.

Desde Derecho a Morir Dignamente creen que el arranque de la prestación se está produciendo "marcado por la existencia de 17 sistemas e influenciado también por la tradición católica y la clase médica". No en vano la Organización Médica Colegial publicó un mes después de la entrada en vigor de la ley una guía de cuidados paliativos "con la que no debería hacer falta la eutanasia", como defendió su coordinador. "Estamos viendo un goteo de peticiones y personas que están dejando pasar unos meses", añade Camps.

Andalucía no admite testamentos vitales anteriores a la Ley

En la primera eutanasia aprobada en Euskadi, la solicitante había dejado su documento de voluntades anticipadas (testamento vital) con su deseo de recibir la prestación hacía 10 años, fue utilizado por los miembros de su familia para entregar su petición, como adelantó El País.

Una petición que sin embargo no hubiera sido válida en Andalucía - donde gobierna el PP con Vox como socio -, donde la Junta de Andalucía ha establecido en su página web que "será de aplicación a los documentos de Voluntades Vitales Anticipadas que se hayan suscrito con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley reguladora de la eutanasia".

Derecho a Morir dignamente está valorando acciones en Andalucía tanto para reivindicar la vigencia anterior de los testamentos vitales como para exigir la puesta en marcha efectiva de la ley. "Estamos valorando actuar con el Defensor del Pueblo o por la vía judicial si lo vemos necesario. No tiene sentido cuando desde la Ley General del Paciente de 1986 el objetivo es respetar la voluntad del que sufre", concluye Camps.