Impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden, el debate sobre la respuesta global al Covid llega este miércoles a la Asamblea General de la ONU. En una propuesta histórica en mayo, el presidente de EEUU apoyó en mayo la suspensión temporal de las patentes de las vacunas del Covid, para asegurar una respuesta más equilibrada a la pandemia.

Esa suspensión no se ha producido y, nueve meses después del inicio de la vacunación, los países pobres han recibido el 0,5% de las vacunas mientras los países ricos han acaparado el 80%, según denuncia Oxfam América. Esta es una de las 75 organizaciones que forman parte de la Alianza People's Vaccines, que denuncia que los países más ricos del G7 solo han donado una de cada ocho vacunas que prometieron en junio, por lo que aún deben el 87%. El tiempo apremia mientras unas 10.000 personas siguen muriendo cada día a causa del Covid, según Our World in Data.

La Fundación Salud por Derecho forma parte de esa alianza y su directora, Vanessa López, considera que " los líderes mundiales tienen la obligación de cumplir con las promesas que hicieron en abril de 2020 sobre equidad y justicia en el acceso a las vacunas. Transferir el conocimiento y el know how (la receta de las vacunas) a fabricantes de países con menos ingresos es la mejor alternativa para incrementar la producción, fortalecer los sistemas sanitarios y preparar mejor a los países para futuras crisis", afirma en un comunicado, donde añade que España no puede "mirar para otro lado" después de que el Gobierno de Pedro Sánchez apoyara también la suspensión de patentes.

People's Vaccine pide que se acelere el proceso de suspensión de patentes. "El presidente Biden debe utilizar su protagonismo mundial en la Cumbre de Vacunas para pedir acelerar una exención contundente de los ADPIC (aspectos de propiedad intelectual) en la Organización Mundial del Comercio", afirma en dicho comunicado Asia Russell, directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Global a la Salud (Health GAP).

La alianza lleva a la cumbre de este miércoles tres peticiones. Un acuerdo urgente de exención de la propiedad intelectual antes de noviembre, que se asuman "compromisos jurídicamente vinculantes" para compartir las dosis de vacunas y que los más vulnerables y trabajadores de primera línea en países en desarrollo las reciban antes que los adultos sanos de países ricos obtengan su tercera dosis. Además, piden que se exija a las farmacéuticas que compartan tecnología y conocimientos con las garantías financieras de que se pueda producir.

Amnistía Internacional, foco en las farmacéuticas

Aprovechando esta misma cumbre, Aministía Internacional (AI) publica un informe en que afirma que "las principales empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos". La ONG acusa directamente a AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer de negarse a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global de vacunas mientras tienen previsto ganar para finales de 2022 130.000 millones de dólares.

El informe "Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19" analiza la actuación de las empresas en cuanto a la fijación de precios, el aprovechamiento de la propiedad intelectual y la tecnología, la transparencia y la asignación equitativa de vacunas. aunque en distinto grado, AI denuncia que todos "han incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos".

En cuanto a Pifzer-BioNTech, AI asegura que ha suministrado a Suecia (10 millones de habitantes), nueve veces más vacunas que a todos los países de ingresos bajos juntos. De Moderna, la ONG asegura que aún no ha entregado ninguna dosis a países de ingresos bajos y solo un 12% a los de ingresos medio-bajos. Además, la gran mayoría de sus pedidos para COVAX no los entregará hasta 2022.

De Janssen, el informe apunta a que pese a que vende su vacuna monodosis a precio de costo, no cumplirá la mayoría de sus compromisos con COVAX y la Unión Africana hasta 2022. Además, denuncia, se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más. Por último respecto a AstraZeneca, el informe también destaca que vende a precio de costo pero critica que no ha accedido a compartir sus tecnologías con las iniciativas de la OMS de acceso global a las vacunas y se ha opuesto a la supresión de patentes, al igual que Novavax, aún no aprobada aunque comprometida a donar casi dos tercios de su producción a Covax.

Así, la ONG pide que a 100 días de que termine 2021 los países y las farmacéuticas "cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para empezar ya a entregar 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos. Nadie debe pasar otro año sufriendo y viviendo con miedo”, según su secretaria general, Agnès Callamard.

Junto a este informe, la organización lanza la campaña "Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!" en la que pide que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año. "Instamos a los Estados a que redistribuyan con urgencia los cientos de millones de dosis sobrantes que no se están utilizando, y a los desarrolladores de las vacunas que garanticen que al menos el 50% de las dosis producidas se destinan a estos países. Si los Estados y las empresas farmacéuticas siguen en su trayectoria actual, no se vislumbrará el final de la COVID-19", afirma la ONG en un comunicado.

La organización asegura que todas las farmacéuticas menos Novavax le han reconocido que "la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos", pero denuncia ninguna de ellas ha respondido a esta aspiración ni ha cumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.