La implantación del pasaporte Covid ha sacado de nuevo a relucir las dificultades de España en la gestión de la pandemia. Tener 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas supone la existencia de otros tantos criterios que, una vez más, no coinciden. La situación recuerda a lo que ocurrió con los toques de queda o los cierres perimetrales durante la desescalada en la primavera de 2020.
Lo hemos visto en las últimas semanas con los anuncios de Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valenciana. Sus planes son distintos. También la decisión de los tribunales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este martes que "no hay lío": "Lo que se acordó, y así está en las disposiciones legales, es que sea el Tribunal Supremo el que siente doctrina sobre esas cuestiones cuando se recurren", afirmaba en el Congreso según recogió EFE. Pero lo cierto es que mientras que el Tribunal Supremo avaló en Galicia este pasaporte, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de País Vasco ha rechazado su uso ignorando la doctrina de TS. Mientras tanto, Cataluña ya lo está utilizando en discotecas y quiere ampliar su uso a restauración, gimnasios y centros deportivos y residencias de mayores.
Pese a las contradicciones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también aseguraba en la tarde del martes que "el marco ya está hecho, el camino está indicado por el Tribunal Supremo", en respuesta a si el Ministerio plantea establecer un marco común para la gestión del pasaporte.
Esta es la situación en las distintas comunidades autónomas que se han pronunciado acerca del pasaporte Covid:
Andalucía
El Gobierno andaluz ha afirmado este martes que propondrá a su comité de expertos una implantación progresiva del pasaporte Covid, según la situación epidemiológica de cada momento.
Como ha recogido Efe, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado que el certificado se pedirá en hospitales y residencias de forma prioritaria, pero también en ocio nocturno, grandes eventos, actividades culturales y deportivas.
Aragón
Allí el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que la implantación del pasaporte Covid podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad". Por ello ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo regional a presentar alegaciones.
El retraso de la decisión ha llevado a la consejera de Sanidad, Sira Ripollés, a manifestar que la comunidad estudia ya herramientas legales para "intentar hacer frente a la pandemia de forma autónoma". Su intención es que se pueda exigir el pasaporte para acceder a celebraciones, ocio nocturno y espectáculos multitudinarios.
Asturias
El consejero de Sanidad, Pablo Fuentes, descartaba este lunes la implantación del pasaporte covid en una autonomía, no obstante, con uno de los niveles más bajos de contagios. Sí pedía el consejero "más vacunas" al Gobierno para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, este martes el presidente Adrián Barbón, junto a su homólogo cantábro, Miguel Ángel Revilla, han defendido en un encuentro de presidentes "la aplicación de un pasaporte COVID que permita el control de las personas no vacunadas ante el coronavirus, abogando por la posibilidad de articular medidas", según publicó Europa Press.
Baleares
Islas Baleares es una de las comunidades autónomas que consiguió el aval judicial de su TSJ en octubre para exigir la presentación del certificado para la entrada en discotecas.
Por otro lado, la comunidad autónoma dejó en octubre de pedir una PCR o certificado covid a los viajeros procedentes de otras comunidades autónomas.
Cantabria y Canarias
La justicia tumbó en agosto la implantación del pasaporte Covid en esta región después de un recurso de los hosteleros. Este martes no obstante Revilla se pronunciaba junto a Barbón, como se recoge más arriba, sobre la idoneidad de contar con esta herramienta.
Islas Canarias es otra de las comunidades autónomas que tumbó la implantación del pasaporte Covid en agosto tras la petición de los hosteleros, vuelve a mostrar su predisposición a implantarlo, según informó EFE.
Castilla La Mancha y Extremadura
Castilla La Mancha Es de las pocas comunidades autónomas que descarta pedir el pasaporte Covid, al menos hasta el momento. La consejera portavoz, Blanca Fernández, ha asegurado este martes que "no está sobre la mesa”.
De igual manera el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha dicho claramente que no ve útil solicitar este pasaporte para acceder a ciertos establecimientos, como recogió EFE.
Sin embargo, el presidente del TSJ de Castilla La Mancha, Vicente Rouco, ha asegurado que ve "razonable" su implantación.
Castilla León
La consejera de Castilla y León Verónica Casado plantea pedir este pasaporte en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como ocio nocturno, albergues y hostelería, pero considera que es mejor aplicar esta medida de "forma coordinada" por todas las comunidades.
Cataluña
La Generalitat anunciaba este martes que solicitará a la justicia extender la exigencia del certificado Covid para acceder a locales de restauración, gimnasios y centros deportivos y residencias de mayores, como informó Iva Angera de Sojo. En esta región ya estaba activa la exigencia del certificado en lugares de ocio nocturno.
Allí el TSJ avaló la utilización del pasaporte y hoy la Generalitat ha enviado la nueva protesta de uso al tribunal.
Comunidad Valenciana
La intención del Gobierno valenciano, según anunció su presidente, Ximo Puig, es empezar a exigir el pasaporte covid en el puente de la Constitución el próximo diciembre. En aquellos lugares "donde sea razonable" y siempre tratando de "huir de restricciones innecesarias", afirmó el presidente.
Galicia
En esta comunidad la exigencia del pasaporte Covid está avalada por parte del Tribunal Supremo el pasado septiembre para la entrada en locales de ocio y restauración. os magistrados de lo Contencioso-Administrativo consideran que la medida es "idónea, necesaria y proporcionada", como informó Carmen Lucas-Torres.
El presidente Alberto Núñez Feijóo ha anunciado esta semana que además de en el ocio nocturno y albergues de peregrinos, la subida de la incidencia podría llevar a una ampliación de su uso en otros lugares públicos, por ejemplo hospitales.
La Rioja
Esta Comunidad autónoma ha anunciado este martes su intención de consultar al TSJ la posible implantación del certificado.
Madrid
Madrid no ha pedido a la Justicia la implantación del pasaporte y "desde luego" no lo va a pedir, según afirmaba este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durante una visita al Hospital de Fuenlabrada.
Lo que sí ha solicitado la región es liderazgo al Gobierno central para una norma conjunta. "Que la utilidad del pasaporte Covid es real, eso lo conocemos todos. Pero se debe tomar una decisión como Sistema Nacional de Salud que somos que se aplique de manera igual en todo el territorio español", ha afirmado.
Murcia
Al igual que Madrid, el presidente regional, Fernando López Miras, ha pedido liderazgo del Gobierno Central sin plantear de forma clara su intención sobre el uso del pasaporte. En esta comunidad los locales de ocio pueden pedir voluntariamente el certificado Covid para tener un aforo del 100%.
Navarra
El Gobierno de Navarra ha anunciado que solicitará al TSJ autorización para pedir el certificado en restaurantes con aforo mayor a 50 comensales, ocio nocturno, salas de fiesta y eventos multitudinarios en interiores en los que se pueda consumir comida o bebida. Quieren implantar la medida desde el 27 de noviembre y hasta el 6 de enero de 2022. Navarra es una de las comunidades con mayor incidencia del virus en estos momentos, 373 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.
País Vasco
Esta comunidad ha recibido el rechazo de su TSJ para la implantación del pasaporte covid y ha urgido a Pedro Sánchez a darle amparo judicial ante el aumento de los contagios, como informó Mikel Segovia.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que el Ejecutivo no recurrirá la decisión para no "judicializar" ni someter a "una maraña de litigios judiciales" la lucha contra la Covid. Sí ha apuntado que la visión demostrada por los magistrados "minusvalora el riesgo que supone para las personas" la situación actual del virus "y que con medidas como esa se ajustaban a ese riesgo".
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