El borrador de la nueva ley del aborto, filtrado a El País, contempla la concesión de bajas laborales de entre tres y cinco días para las mujeres que padezcan reglas dolorosas. El borrador habla de menstruación incapacitante y cita como síntomas dolores intensos, calambres, cólicos, náuseas, vómitos o mareos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado este viernes que estas bajas las cubrirá la Seguridad Social.

El dolor menstrual es habitual y afecta al 49% de las mujeres, según los datos de un estudio realizado por Kantar en 2021 y puede llegar al 70% en las mujeres jóvenes. Un porcentaje de mujeres que puede superar el 15% sufre endometriosis, una enfermedad que sucede cuando el endometrio, que recubre el interior del útero, sale fuera de éste y crece en los ovarios o trompas de Falopio, provocando fuertes dolores.

La nueva ley del aborto habla de estas bajas como una forma de ampliar el derecho a la salud con la salud menstrual, pero mientras algunos lo consideran un avance otros creen que puede perjudicar a las mujeres. Y ese debate se ha producido incluso en el seno del Gobierno que promueve la Ley desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha pronunciado contra este tipo de permisos: "Este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres", afirmaba en un acto esta semana.

La ministra obtenía la réplica de la vicepresidenta Yolanda Díaz, parte de los socios del Gobierno, al igual que la propia ministra de Igualdad: "Lo que estigmatiza a las mujeres es no tener sensibilidad para ver que somos diferentes".

Por su parte el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien finalmente ha llegado a un acuerdo con Montero para la cobertura de las bajas, ha apuntado que esta medida está "en discusión". "Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo".

Para responder a la polémica, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que si el Estado se encarga de estas bajas, los empresarios no la podrán ver como algo discriminatorio para la mujer. A su juicio con esta iniciativa, el Gobierno está "instalando por primera vez en la opinión pública" los "términos de buen trato" en la medicina obstétrica y ginecológica, así como "la pobreza menstrual".

El debate ha traspasado al Gobierno y ha llegado a los sindicatos, donde la número dos de UGT, Cristina Antoñanzas, que este miércoles aseguraba en la Cadena SER que la medida podía hacer un "flaco favor" a las mujeres. "Hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras".

En sentido contrario se ha manifestado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como recogía Onda Cero: "Se está hablando de una baja no por el hecho de menstruar, sino por que un hecho fisiológico produzca un dolor inabilitante. Está perfectamente justificado, pero no conozco las interioridades del proyecto".

Otros políticos como Íñigo Errejón (Más País) se han manifestado a favor, afirmando que "si los hombres tuviéramos la regla esa baja habría llegado hace décadas".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido esta mañana en una entrevista en RNE derivando el asunto a los clínicos. "Un médico sabe perfectamente en qué caso está indicada una baja y cuándo no", ha afirmado.

Desde el ámbito sanitario, el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, explica a El Independiente que mantiene una postura contraria al establecimiento de estas bajas. "No debemos convertir en patológico algo fisiológico, es decir, no podemos convertir en enfermedad lo que no lo es. Es como si generalizásemos una baja por cefalea. La regla es un proceso natural que puede llegar a ser incapacitante y es el médico de familia quien debe determinar si es así en cada caso".