Es la tercera semana de juicio oral por la pieza separada que juzga a la cúpula de iDental por defraudar a la Seguridad Social 23,75 millones de euros. Un desfalco de proporciones desconocidas según la acusación ejercida por la Seguridad Social, que afirmó en la pasada sesión que "no se conoce un fraude de tal magnitud y en tan breve espacio de tiempo". Este juicio que se celebra en la Audiencia Nacional se enmarca en la macrocausa por la gestión de las clínicas dentales, que dejaron además miles de clientes con los tratamientos a medias y denuncias por mala praxis.

Este lunes ha sido el turno, entre otras, de la defensa de Juan Garrido, socio de Luis Sans y de su propio hermano José María Garrido en la segunda etapa de las clínicas, de octubre de 2017 a julio de 2018 cuando cerraron las clínicas. Su abogado ha defendido en su informe final que Garrido - aunque también ha hablado en líneas similares de su hermano - era un mero accionista y que no tuvo nada que ver con la gestión fraudulenta de las clínicas.

"Juan no era administrador de hecho ni de derecho ni de IOA (las otras clínicas que él y sus socios compraron a través del fondo Weston Hill Asset Management)", ha expuesto, "a mi cliente le ha destrozado la trayectoria profesional la ausencia de rigor de un informe de la UDEF en las que se confunde accionista con administrador de hecho".

El abogado de Juan Garrido ha hecho un símil con el caso Villarejo: "Si el caso Villarejo lo hubiéramos gestionado así, estarían acusados todos los accionistas de Iberdrola". El letrado ha recopilado las declaraciones de varios testigos, trabajadores de ambas cadenas dentales, en la que ha asegurado que en ningún momento se atribuye ninguna función ejecutiva a Juan Garrido. En concreto, ha aludido a un email de Luis Sans a dos trabajadoras de su confianza en la que les decía que los hermanos Garrido eran "simples accionistas no ejecutivos".

Sobre José María Garrido, la defensa de su hermano ha afirmado este lunes que solo fue administrador tres días antes de concurso de acreedores, un tiempo en el que "no da tiempo a resolver la deuda con la Seguridad Social".

Las defensas han pedido, en todos los casos, la absolución de los acusados para los que el fiscal pide entre tres y seis años de cárcel y multas de entre tres y 90 millones de euros. El Ministerio Fiscal pide la mayor de las penas, seis años de cárcel, precisamente para Juan y José María Garrido y Luis Sans, gestores en la segunda etapa de la compañía. De ese tiempo son también Domingo Bejarano y José Luis González, considerados por la acusación testaferros y para quienes se piden tres años de cárcel. Para los fundadores de la compañía, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, el fiscal ha rebajado su pena de seis a cuatro años de cárcel entre las conclusiones previas y las finales.

Esta es la primera pieza separada de la macrocausa contra las clínicas dentales que operaron en España de 2015 a 2018 con una estrategia de precios bajos y dirigidas a una clase social media baja. La cúpula de la compañía está en proceso judicial, además de por el delito contra la Seguridad Social, por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

La instrucción del caso acaba de ser prorrogada tras la suma en los últimos seis meses de 1.000 presuntos perjudicados más. Son 18.000 euros en total los particulares que están personados contra las clínicas dentales.